La crisis migratoria venezolana va más allá de las frías estadísticas:
Lo que está en juego es la vida de millones de seres humanos.
Vale la pena un llamado a actuar.
Por: Laura García Juan[1]
Esto no es un artículo de opinión más. Esto no es un ensayo de lucimiento personal. Esto no es una nota de prensa ni un anuncio.
Es un llamado desde la academia colombiana. Es un grito desesperado. Es un intento de despertar a quienes tienen el poder de cambiar las cosas.
La semana pasada me encontraba en un evento organizado por una universidad del oriente antioqueño, muy cerca de Medellín. El encuentro reunía a representantes de organizaciones internacionales, funcionarios de los distintos niveles de la administración pública, organizaciones no gubernamentales, académicos, miembros de la iglesia, sociedad civil e inmigrantes venezolanos. Durante cinco horas escuchamos a siete ponentes que, desde diversos enfoques, explicaban su visión de la situación que se vive en Colombia con la llegada masiva de personas que salen desde Venezuela huyendo de la miseria. Una de esas ponentes era yo misma.
El esfuerzo de las instituciones de educación superior colombianas por visibilizar lo que está ocurriendo es cada vez mayor, pero insuficiente. Sin embargo, es un esfuerzo infinitamente superior al que está haciendo, en su conjunto, el Gobierno del país.
Tras las ponencias, invitaron a todos los asistentes a un almuerzo preparado por la propia universidad. A mi derecha tenía sentada a la directora de una organización de Medellín que trabaja por el bienestar de las comunidades en situación de vulnerabilidad. A mi izquierda escuchaba atento un funcionario del Ministerio de Hacienda que también había ofrecido una presentación. En frente, Adriana y Alba, de la Fundación “Entre dos Tierras”, contaban su experiencia con los migrantes venezolanos en las tres rutas de asistencia humanitaria a caminantes, allá entre Cúcuta y Bucaramanga.
Lo que narraban va mucho más lejos de lo que cualquiera pueda imaginar. Hablaban de un cadáver en una nevera a la espera de reunir fondos para enterrarlo, de bandas de delincuentes (“los hinchas”) que apuñalan a los viajeros que se transportan en las mulas, de tráfico de kits de comida, de niños de tres años con los pies ensangrentados de tanto caminar, de actitudes vergonzantes de algunos agentes de la policía, de hombres y mujeres a los que bajan de los buses sin mayor explicación. De una media de 800 a 1000 personas atendidas diariamente en comedores improvisados al aire libre. De miles de inmigrantes que dejan sus hogares y se adentran en una travesía peligrosa e incierta. Nos hablaban de los “nadies” de Galeano. Los “nadies”, los hijos de nadie, los dueños de nada. Esos que cuestan menos que la bala que los mata.
Los que estábamos en la mesa solo podíamos hacer una cosa: recordarle al único representante del Gobierno que alguna vez hayamos visto en persona, que llevara el mensaje arriba. Allá arriba, donde parecen no llegar las noticias reales, las de verdad. Donde igual llegan, pero que olvidan acto seguido con la primera llamada telefónica de la mañana. Donde manejan cifras desnudas y estadísticas heladas. Pero donde, al fin y al cabo, reside el poder de cambiar las cosas.
Visiblemente impactado, el funcionario me confesó en un aparte que no era, en absoluto, consciente de la enorme desarticulación institucional de la que hablaban las trabajadoras de las ONG. Me dijo que intentaría transmitir todo esto a las personas encargadas. Que sí, que era urgente una Ley Migratoria en Colombia, que esto y aquello. Me dio su e-mail y su teléfono y se marchó. Pero al menos, mostró su interés. Supo estar y escuchar.
Por eso, se lo vuelvo a recordar desde aquí. A ellos, a quienes nos gobiernan, a quienes hemos elegido entre todos. Háganse cargo de una vez por todas. Implíquense. Salgan de sus despachos y organicen la casa. Construyan, por favor, construyan. Y háganlo rápido, porque hay gente muriendo.
[1] Doctora en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia (España). Profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia).
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